Me queda ya poco para terminar mi libro sobre la evolución de la crisis financiera y la burbuja de deuda pública que estamos viviendo en la actualidad.
Voy a rescatar un fragmento que escribí hace meses y que está actualmente de actualidad debido a la crisis y el corralito implantado en Grecia.
¿Es una buena idea declarar unilateralmente el impago de una parte de la deuda?
Las propuestas a favor de la quita de la deuda no suelen estimar el enorme efecto negativo de la fuga/retirada de depósitos por parte de los ciudadanos de ese país, simplemente por el rumor de que se esté barajando una quita como opción. Las consecuencias son parálisis del crédito y del crecimiento a corto plazo y necesidad de financiación extra a las entidades financieras de ese país.
Hagamos un ejercicio de simulación de impago de la deuda. Imaginad que algún partido consigue llegar al poder en España y realiza una auditoría de la deuda en la cual sale que el 20% de la deuda española es ilegítima y que se va a impagar. Como las entidades financieras poseen un poco más de 200.000 millones en deuda pública del Estado y aproximadamente unos 100.000 millones en deuda pública de las Comunidades Autonómicas. En ese caso las entidades financieras perderían unos 60.000 millones por esa quita de ese 20%. Algunas de ellas probablemente volverían a tener problemas de liquidez/solvencia y quizás habría que volver a inyectarles dinero público lo cual significa que una parte de la disminución de la deuda que se produce por ese “efecto impago del 20%” se diluiría por ese efecto de volver a inyectar dinero en las entidades financieras. De no hacerlo aumentaría mucho el riesgo de que que los acreedores de ese banco perdiesen lo que le han prestado (muchos de ellos son otros bancos lo que haría que la insolvencia pudiera seguir propagándose como la pólvora) y el de que los clientes perdiesen una parte de sus depósitos.
Por otro lado, en lo que supone respecto al ahorro de gasto de cara a los siguientes años y, por tanto, disminución de déficit, el efecto sería de un ahorro de aproximadamente sólo 6000 millones de euros (el gasto anual en la partida de intereses de la deuda es de unos 30.000 millones). Este ahorro de 6000 millones se antoja insuficiente para compensar los 60.000 millones que España gasta actualmente cada año más de lo que ingresa. El impago de una parte de la deuda por considerarla ilegítima provocaría que al año siguiente España tuviese muchas dificultades para colocar deuda, lo cual significaría que habría que hacer un amplio recorte de como mínimo 60.000 millones para cuadrar el exceso de gasto anual por parte del Estado; o que como alternativa tuviésemos que financiarnos a tipos de interés prohibitivos, lo cual volvería a provocar un incremento significativo en la partida de intereses de la deuda.
El impago significaría que todos los recortes de gasto público (entre los que se encontraría irremediablemente recortes en el estado de bienestar) que España no ha conseguido llevar a cabo en los últimos 5 o 6 años tuviesen que ser realizarlos bruscamente en un sólo año. Si no tienes acceso a financiación del exterior los ingresos y los gastos te tienen que cuadrar anualmente. Por lo tanto, podemos concluir que la decisión de impagar la deuda es una mala estrategia.
